Vecinos y vecinas de Cazalla de la Sierra.
El pasado mes de febrero, siguiendo la estela de la anterior reforma laboral del Gobierno socialista, el Gobierno del Partido Popular impuso una reforma laboral cuyo objetivo principal es abaratar el despido, bajar los salarios y acabar con la negociación colectiva. Una reforma que concede al empresariado un poder casi total frente a la clase trabajadora.
Una reforma caracterizada por una serie de ajustes de extremada dureza, que recurre a sembrar el miedo y la división entre desempleados y ocupados, entre indefinidos y temporales, o entre empleados públicos y de la empresa privada.
Esta reforma va, principalmente, contra las personas desempleadas. Las medidas que propone, no hacen sino reducir el consumo, acrecentar la recesión económica y empujar a las Administraciones Públicas hacia la pérdida y erosión de los servicios públicos.
Esta reforma, afectara más a quienes más tiempo lleven en situación de desempleo, ya que se conceden prebendas económicas a aquellas empresas que contraten a personas desempleadas con prestación por desempleo.
Esta reforma es un brindis al despido libre de los trabajadores. Independientemente de la antigüedad y del tipo de contrato que tenga el trabajador, podrá ser despedido con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un límite de doce mensualidades. Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán recurrir al despido libre y gratuito en los nuevos contratos que realicen.
Las condiciones laborales quedan pues, a la exclusiva voluntad del empresario, liquidando cualquier opción de negociación sobre las mismas. Los salarios, la movilidad geográfica, los horarios, los turnos y un largo etc., quedan a la voluntad del empresario.
Los convenios colectivos sectoriales serán desmantelados, una vez finalice su vigencia, pasando a un modelo basado en la individualización de las relaciones laborales.
Tal y como afirma el gobierno de la nación, en 2012, 630.000 personas perderán su empleo, nuestro producto interior bruto se reducirá casi dos puntos porcentuales y tendremos serios recortes en los servicios públicos.
No hay que ser demasiado inteligente para comprender que, en este contexto, la caída de la demanda impedirá la creación de empleo. Pero no será el único efecto, el endeudamiento de las familias irá a más, crecerá el número de desahucios y muchas personas cruzarán el umbral de la exclusión social.
Esta reforma laboral, como las anteriores, persigue un despido fácil y barato, y una mano de obra flexible y a precio de saldo, que se adapte a las necesidades del mercado. Pero en esta ocasión, la vuelta de tuerca ha sido mayor, se pretende obtener una ingente bolsa de trabajadores dispuestos a aceptar "lo que sea", como consecuencia de la desesperación por encontrar un trabajo; maximizar los beneficios empresariales sobre la base de un nuevo orden de relaciones laborales; dinamitar la capacidad de acción colectiva de la clase trabajadora; y someter el conjunto de nuestras vidas a los dictados de los mercados, de la bolsa y de la especulación.
La crisis que marca esta época, no ha sido generada por el nivel de los salarios, las pensiones, ni por el coste del despido. Los culpables no son los trabajadores, los autónomos ni las pymes. Por eso, la clase trabajadora muestra su rechazo a la reforma laboral manifestándose en los espacios públicos.
Ya pasaron las elecciones, las campañas electorales y los posados para salir en la foto. Ahora, votes a quien votes y, sea cual sea tu ideología, debes pensar en lo que hay en juego, en tus derechos y en los de tus hijos. Esta partida puede terminar en una vuelta al pasado, olvidando todo lo conseguido, o en un proceso de lucha e implicación para conseguir un modelo social alternativo.
Las políticas de un Estado deben tomar impulso desde objetivos de crecimiento en el empleo, de avance en los niveles educativos y sanitarios, y de mejora de las políticas de protección social. Hasta ahora las políticas se han mirado en las primas de riesgo, el Ibex 35, o los resultados de ganancias de las grandes multinacionales y entidades financieras.
Por todo esto, porque nos sobran los motivos, exigimos:
– La retirada de la Reforma Laboral aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
– La retirada del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual supondrá recortes históricos en los servicios esenciales a la ciudadanía.
– La implantación de políticas activas reales y efectivas de fomento de empleo y que contribuyan a reducir la exclusión social y la pobreza en España.
– El cese inmediato de las políticas de privatización en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad. Así como el rechazo de cualquier proyecto que suponga la venta de las fincas públicas o de cualquier otro bien público en favor de los especuladores.
– Aumentar los ingresos públicos, acometiendo una reforma fiscal que exija más a quién más tiene, que emprenda una lucha real contra la economía sumergida y, que reduzca el fraude fiscal, como mínimo, hasta los niveles de los países vecinos.
– Reformar el sistema financiero, evitando la creación de burbujas especulativas y garantizando el crédito a las pequeñas y medianas empresas.
Desde aquí reiteramos nuestra llamada a los cazalleros y cazalleras, a los partidos políticos, a las entidades y asociaciones, para que seamos capaces de superar nuestras diferencias y aunar nuestro interés como ciudadanos ante las agresiones de las políticas liberales.
